La mutilación genital femenina (MGF) es una práctica atroz que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y es reconocida internacionalmente como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.
Las consecuencias a largo plazo pueden ser infecciones urinarias, problemas menstruales y sexuales, mayor riesgo de complicaciones en el parto, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas y trastornos psicológicos.
Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de la MGF y se calcula que cada año más de tres millones de niñas corren el riesgo de sufrirla.
Estas prácticas son más frecuentes en las regiones occidental, oriental y nororiental de África y en algunos países de Oriente Medio y Asia. También permanece en las poblaciones migrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.
LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS
La mutilación genital femenina es una cuestión de derechos humanos y de violencia contra la mujer, con implicaciones sanitarias y psicosociales: afecta directamente a la salud física, sexual, reproductiva y psicológica de las mujeres y niñas, perpetuando las desigualdades de género.
La MGF es una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. Esta práctica viola directamente sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en los que el procedimiento acaba produciendo la muerte.
Una perspectiva de derechos humanos sostiene que los derechos de las mujeres y las niñas a la integridad física y psíquica, a no ser discriminadas y a los más altos niveles de salud son universales. No pueden invocarse razones de carácter cultural para justificar la violación de estos derechos, por ello, se exige a los gobiernos, las autoridades locales y quienes ocupen puestos de poder e influencia, cumplan con su obligación establecida en la legislación internacional de impedir y castigar la violencia contra la mujer.
Por su parte, la comunidad internacional debe asumir su parte de responsabilidad en la protección de los derechos humanos de mujeres y niñas. El hecho de que la mutilación genital femenina sea una tradición cultural no debe impedir que la comunidad internacional sostenga que tal práctica viola derechos universalmente reconocidos.
Fuentes: ONU, OMS, Ministerio de Igualdad, Amnistía Internacional.
