La violencia contra las mujeres y las niñas es la máxima expresión de la discriminación y opresión de género que vivimos la mitad de la población del mundo, constituyendo una vulneración de nuestros Derechos Humanos. Desde CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, queremos poner el foco este año en la violencia de género digital, una forma de violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se reproducen, perpetúan y amplifican bajo el paraguas del anonimato.
El auge y desarrollo de las TIC han supuesto una revolución en la forma de relacionarnos, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la búsqueda de información. Pero de forma paralela, han supuesto nuevas formas de violencia y vulneración a las que las mujeres y niñas con discapacidad estamos más expuestas, especialmente a los riesgos que entrañan las redes sociales, que se han convertido en una plataforma donde podemos ver las diferentes caras que tiene la violencia digital. Términos como sextorsión, ciberacoso, explotación sexual online, grooming, sexting sin consentimiento o doxing han entrado en todos los ámbitos de nuestra vida, reproduciendo patrones culturales y relaciones de poder. Las formas más comunes y reconocidas de violencia digital denunciadas son: desinformación y difamación (67%), ciberacoso (66%), incitación al odio (65%), suplantación de identidad (63%), piratería informática y acoso (63%), astroturfing (un esfuerzo coordinado para compartir simultáneamente contenidos perjudiciales a través de plataformas, 58%), abuso basado en vídeo e imágenes (57%), doxing (55%), amenazas violentas (52%) e imágenes no deseadas o contenido sexual explícito (43%).
Frente a las nuevas formas de violencia, las personas que viven una situación de violencia. Según recoge el Informe Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales, del Instituto de las Mujeres (2022), el 79,8% de las jóvenes ha sufrido agresión o acoso en las redes sociales; el 43,5% ha sido insultada, amenazada o ha recibido mensajes hirientes; un 45,7% de las mujeres jóvenes entre 16 y 24 años admiten haberse sentido ofendidas, humilladas, intimidadas, acosadas y/o agredidas alguna vez utilizando las redes sociales; y un 44,3% ha recibido fotos o comentarios sexualmente explícitos no solicitados.
La transformación digital supone un abanico de oportunidades que debiera estar al servicio del desarrollo humano y sostenible de la sociedad, pero está siendo utilizada para perpetrar un nuevo tipo de violencia que vuelve a incidir sobre uno de los grupos sociales más personas en situación de vulnerabilidad: las mujeres y niñas con discapacidad.
De acuerdo a los datos extraídos de la encuesta realizada por ACADAR en 2022 sobre el impacto de la violencia de género digital en las mujeres y niñas con discapacidad en Galicia, el 44 % de las mujeres indicó haber recibido comentarios ofensivos sobre su aspecto, su cuerpo o su vida sexual. Además, el 37 % recibió mensajes no deseados sobre su cuerpo, vida sexual o temas íntimos. Más del 41 % de las mujeres recibió propuestas sexuales a través de un mensaje no deseado y cerca del 35% afirmó haber recibido de manera no consentida o deseada, fotografías o videos de índole sexual.
A ello se suma la aparición de la Inteligencia Artificial (IA), una nueva herramienta que, bajo el mandato patriarcal, reproduce los roles y estereotipos de género. Este sesgo supone una nueva forma de estigmatizar y requiere una revisión sobre las oportunidades y amenazas que entraña. Es necesario priorizar la diversidad e inclusión en el desarrollo de las tecnologías asociadas a la IA, sobre todo considerando que las mujeres y niñas con discapacidad son uno de los grupos poblacionales más personas en situación de vulnerabilidad y expuestos a la violencia de género digital.
Todo ello conlleva importantes consecuencias a nivel sociosanitario, político, económico y de seguridad para las mujeres y niñas, además de para sus familias. La violencia de género digital tiene un impacto directo en la vida online y offline, donde las mujeres que viven una situación de violencia, a menudo, se autocensuran en un intento de evitar ser blanco de este tipo de delitos. Este hecho se traduce en una disminución de su participación en la vida pública.
Otro de los aspectos sobre los que queremos alzar la voz este 25N es en el impacto que la violencia de género digital tiene en la salud de las mujeres y niñas. Estrés, ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, pensamientos suicidas o intentos de suicidio son una realidad asociada a la violencia de género digital. De acuerdo a los datos que figuran en el Informe de ONTSI (Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad), el 54% de las mujeres que ha sufrido acoso a través de redes sociales ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés. Y el 42% de las niñas y jóvenes que ha sufrido acoso online mostraron estrés emocional, baja autoestima y pérdida de confianza.
Debemos buscar nuevas formas y herramientas para enfrentar esta realidad. La educación digital es imprescindible para acotar este tipo de violencia, poner límites y conocer los canales de denuncia ante los delitos que se dan en el entorno digital. La normalización de la violencia de género digital no es más que el reflejo de la sociedad patriarcal que vivimos en el mundo real. Y es que, en menos de una década, se han multiplicado por cinco en España los delitos de contacto mediante tecnología con menores de 16 años con fines sexuales.
En este sentido, a nivel social está habiendo una nueva revolución, donde las mujeres, hastiadas del cuestionamiento que hay hacia las personas que viven una situación de violencia machista, y la desconfianza en el sistema judicial, se están organizando y ofreciendo nuevos canales y plataformas de denuncia sobre los que iniciar el proceso de reparación tan necesario. Las cuentas de redes sociales, bien de colectivos o personas individuales, que se han organizado para ofrecer su altavoz como canal de denuncia es un ejemplo de la capacidad de las mujeres de unirnos y propiciar espacios de seguridad.
Pero no podemos obviar la responsabilidad de las administraciones públicas respecto a la puesta en marcha de protocolos de denuncia y acompañamiento seguros bajo el amparo de un acceso a la justicia efectivo.
Por todo ello, CEMUDIS y todas las entidades confederadas, reivindicamos:
- Reconocer y tipificar la violencia de género digital dentro del marco jurídico estatal. Si bien este tipo de violencia está definida y clasificada en diferentes normativas, es necesario desarrollarla y abordarla de forma específica e integral, además de dotarla de los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de mecanismos de prevención, atención y persecución.
- Incorporar la variable propia de la discapacidad y género en el desarrollo de las tecnologías asociadas a la Inteligencia Artificial para que las mujeres y niñas con discapacidad nos sintamos representadas e interpeladas.
- Incluir la educación digital dentro de los programas de educación formal e informal para garantizar que las niñas, adolescencia y mujeres con discapacidad sepan identificar los tipos de violencia de género digital, así como un uso razonable y responsable.
- Potenciar la participación de las personas adolescentes y mujeres con discapacidad en los espacios online como herramienta de inclusión y calidad democrática de la sociedad.
- Mejorar los canales y espacios de denuncia desde las instituciones públicas en aras de asegurar una correcta reparación y una justicia eficaz, así como incluir las nuevas formas de violencia de género digital en los protocolos de acompañamiento a las mujeres y niñas en situación de violencia.
- Impulsar espacios de atención y acompañamiento para las mujeres que viven violencia de género digital, con especial foco en la atención sociosanitaria y en los efectos en la salud mental.
- Promover formación especializada en materia de violencia de género digital a los y las profesionales del ámbito sanitario, jurídico, social y educativo, que incorpore una mirada interseccional y con perspectiva de género.
- Asegurar el acceso a las TIC y la conexión digital, especialmente en el entorno rural, como medida para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión.
- Garantizar la retirada de contenido sexual o violento publicado en internet sin consentimiento. El ataque a la intimidad que suponen este tipo de contenidos requiere medidas y respaldo jurídico de forma fácil y rápida, evitando la trama burocrática.
#25N #NuestrosDerechosDigitales #NuestraSeguridad
