La violencia de género digital es hoy una de las formas más preocupante de agresión contra las mujeres y niñas. Vulnera de manera directa nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra seguridad dentro de la vida pública y la digital. Desde CEMUDIS, La Confederación Estatal de Mujeres y Niñas con Discapacidad, queremos poner el foco en la escalada de esta violencia que traslada las agresiones verbales y psicológicas del mundo físico al entorno virtual, donde se engrandecen y amparan bajo el paraguas del anonimato.
El impacto de esta forma de violencia digital no se limita a la inmediatez de la agresión; su difusión, permanencia y alcance multiplican sus consecuencias, generando un mayor daño, aislamiento y exposición para las mujeres y niñas con discapacidad.
Según el Informe de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, solo en el primer trimestre de 2025 se atendieron 496 personas, de la cuales, un 70-75% fueron mujeres, lo que significa que somos el grupo poblacional más expuesto a esta nueva cara de la violencia de género.
Las formas que adopta esta violencia son múltiples: ciberacoso, sextorsión, doxing, grooming, suplantación de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, y el preocupante auge del uso de las deepfakes sexuales, donde el 90% de los casos detectados son pornográficos y mayoritariamente dirigidos contra mujeres.
En el caso de las mujeres y niñas con discapacidad, se suman riesgos específicos derivados de la exposición digital y de las barreras estructurales y sociales que agravan esta violencia. Así lo recoge la Guía de violencia sexual digital hacia niñas y mujeres con discapacidad, publicada por ACADAR, que visibiliza cómo estas violencias no solo afectan a nuestra seguridad, sino también nuestras oportunidades de participación social, acceso a derechos y representación en los espacios públicos y digitales.
Para las mujeres y niñas con discapacidad, sumar esta violencia digital a la discriminación interseccional y al sesgo tecnológico aumenta la situación de vulnerabilidad. La fundación CERMI Mujeres destaca que el diseño de tecnologías con sesgos machistas y capacitistas intensifica nuestra exclusión, y que la presencia de un solo 12% de mujeres en el desarrollo de IA agrava esta realidad.
El estudio ODISMET revela que las mujeres con discapacidad viven acoso sexual digital, amenazas y control en proporciones mayores a la media, afectando directamente a nuestra autoestima y a nuestra libertad de expresión. La violencia de género digital no es una experiencia aislada, tiene consecuencias devastadoras en la salud mental, la seguridad y la participación pública.
Por ello, la protección efectiva frente a la violencia —digital o física— debe ser una prioridad real. Los recientes fallos detectados en el sistema de pulseras telemáticas de control de agresores, como errores en la geolocalización, pérdida de datos o alarmas defectuosas, ponen en evidencia la fragilidad de los mecanismos actuales y la desprotección en la que quedan muchas mujeres, especialmente aquellas con discapacidad. Esta realidad demuestra que no basta con legislar o crear herramientas: es imprescindible que los poderes públicos asuman su responsabilidad, asegurando que los sistemas de protección sean accesibles, fiables y estén correctamente implementados. La negligencia institucional no puede formar parte del proceso de recuperación de quienes ya han vivido violencia.
La violencia digital está también vinculada a la circulación de material audiovisual y contenido sexual falso que busca difamar, desacreditar y silenciar a mujeres activistas, profesionales y líderes. Estas prácticas no solo multiplican la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad en los espacios públicos, sino que constituyen un mecanismo de control y exclusión. Su impacto es demoledor: destruye la reputación, erosiona la credibilidad, empuja al aislamiento social y deja graves secuelas psicológicas, perpetuando así un entorno hostil que nos niega el derecho a participar en igualdad en la vida pública y digital.
La IA (Inteligencia Artificial), pese a ofrecer oportunidades para la inclusión, bajo un diseño sin regulación firme, sigue representando y reproduciendo prejuicios del mundo patriarcal y capacitista, fortaleciendo así la exclusión y la discriminación hacía las mujeres y niñas con discapacidad. Por ello es urgente que las políticas públicas vigilen el desarrollo tecnológico para garantizar que se atiendan las diversidades de todos los grupos poblacionales.
Desde CEMUDIS instamos a que se desarrollen marcos legislativos claros que regulen la IA, pues su falta de control abre la puerta a nuevas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas con discapacidad. Regular la IA no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia social, de equidad y de derechos humanos.
Reclamamos datos inclusivos, comunicados accesibles, formación digital y espacios de gobernanza compartida. Solo con una estrategia feminista y con perspectiva de discapacidad podremos garantizar una vida digital libre de violencias y desigualdades.
Por todo ello, CEMUDIS y sus entidades confederadas, reivindicamos:
- Promover el reconocimiento jurídico integral de la violencia de género digital, desde una perspectiva interseccional, y dotarlo de suficientes recursos para su prevención atención y justa sanción.
- Incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas públicas de igualdad y en el desarrollo tecnológico, para garantizar que no se nos siga dejando al margen en la transformación digital.
- Garantizar el acceso universal a una educación digital feminista e inclusiva, concebida como un instrumento fundamental para la prevención de violencias, el empoderamiento personal y colectivo, y el ejercicio de una ciudadanía plena.
- Crear mecanismo rápidos, eficaces y accesibles para denunciar y eliminar contenidos sexuales y/o violentos difundidos sin consentimiento, que hoy en día siguen dañando abusivamente a miles de mujeres.
- Certificar y garantizar espacios digitales seguros, donde mujeres y niñas con discapacidad podamos participar, expresarnos y construir comunidad sin miedo a la violencia ni a la exclusión social.
- Garantizar la eliminación de contenido digital accesible en internet que haya sido utilizado como medio para ejercer violencia digital mediante herramientas y canales de denuncia accesibles, permitiendo la reconstrucción de la identidad digital.
- Incluir formación sobre conductas adictivas asociadas al desarrollo de nuevas tecnología y violencia de género digital en los programas educativos formales y no formales dirigidos al profesorado, alumnado y familias.
- Asegurar la conexión y el acceso tecnológico en condiciones de igualdad, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad que viven en zonas rurales, quienes enfrentan una doble brecha: la territorial y la digital.
- Revisar y mejorar los sistemas de protección frente a la violencia de género para garantizar que sean accesibles, funcionales y adaptados a las necesidades de todas las mujeres, con especial foco en las mujeres con discapacidad. Nuestra seguridad no puede depender de fallos o incidencias. La protección es un derecho, no una opción.
- Reforzar el papel de las entidades sociales en materia de sensibilización, prevención y apoyo directo a mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia digital, así como su entorno y a los agentes sociales, dotándolas de recursos suficientes y estables para esta labor social.
La violencia digital es violencia de género y supone una amenaza directa para el ejercicio de nuestros Derechos Humanos. Por ello, desde CEMUDIS exigimos compromiso, políticas firmes, controles tecnológicos y un pacto social que defienda a todas las mujeres y niñas con discapacidad, para construir una sociedad digital segura, accesible y libre de sesgos patriarcales. Porque lo virtual también es real. Y prevenir la violencia digital es responsabilidad de toda la sociedad.
