- La Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) muestra su indignación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revoca una condena por agresión sexual, argumentando que el acusado no conocía la discapacidad de la víctima, lo que supone una grave vulneración de derechos y una falla en la protección judicial a las mujeres con discapacidad.
- Esta sentencia demuestra que siguen existiendo una normalización frente a la vulneración de derechos de las mujeres respecto al ejercicio de la justicia. Desde la judicatura se perpetúan prejuicios que soslayan los derechos fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad.
- La violencia de género afecta con mayor prevalencia a las mujeres con discapacidad y persisten altos niveles de invisibilidad, infradenuncia y falta de medidas específicas para su protección. Desde CEMUDIS exigimos que se garantice la igualdad, la justicia y la protección efectiva para nuestro grupo poblacional.
Madrid, 21 de noviembre de 2025
Desde CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, manifestamos nuestro rechazo más firme a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que revoca una condena por agresión sexual atendiendo al argumento de desconocimiento por parte del agresor sobre la discapacidad de la víctima. Esta justicia que excluye la realidad de la discapacidad y minimiza el impacto de la violencia, lo que es inaceptable y representa un retroceso para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad.
La violencia de género tiene una mayor prevalencia entre las mujeres con discapacidad, como reflejan datos del estudio ‘Ojo al dato’, elaborado por Inserta Empleo-Fundación ONCE: el 40,4% de las mujeres con discapacidad sufren violencia de género frente al 32% de las mujeres sin discapacidad. Además, el 98,2% de los casos de violencia ocurre en el entorno de la pareja o la familia, lo que incrementa su vulnerabilidad. Los tipos de violencia más frecuentes son la psicológica emocional (91,6%), la psicológica de control (71,9%) y la física (72,1%). Sin embargo, persisten tasas alarmantes de no denuncia (34,5%) y retiro de denuncias (4,3%), resultados de miedo, barreras de acceso y prejuicios estructurales que dificultan la defensa y la justicia para las víctimas.
La discriminación interseccional que vivimos las mujeres con discapacidad requiere protección específica para defender nuestros derechos fundamentales. Todos los organismos deben implementar medidas que impulsen la igualdad y aseguren el cumplimiento de políticas relativas a los derechos de las personas con discapacidad.
El poder judicial necesita revisar los procedimientos para abolir actuaciones discriminatorias arraigadas a nivel estructural. La violencia institucional que viven las mujeres ha evidenciado cómo el sistema patriarcal cuestiona, revictimiza y estigmatiza. Aunque la Ley establece la obligatoriedad de la formación en igualdad, es urgente revisar los procedimientos y asegurar las formaciones orientadas a jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad que intervengan en los procesos relacionados con mujeres con discapacidad.
Desde CEMUDIS exigimos incorporar la perspectiva interseccional en la justicia y garantizar medidas para prevenir, atender y proteger, con recursos accesibles y profesionales formados. La igualdad real se basa en reconocer la diversidad y el derecho a una vida libre de violencia para todas, incluidas las mujeres con discapacidad.
Desde CEMUDIS ratificamos nuestro compromiso de denunciar retrocesos y reivindicamos que se respetan y protejan los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad.
