Desde la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, celebramos la aprobación definitiva de la reforma de las leyes de discapacidad y autonomía personal, que supone un avance importante en el reconocimiento de derechos y en el impulso de la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal.
La reforma, aprobada el 16 de septiembre por el Congreso de los Diputados tras su paso por el Senado, incorpora medidas que responden a reivindicaciones que el movimiento asociativo de la discapacidad viene planteando desde hace años. Entre ellas, se encuentran la ampliación y regulación de la asistencia personal como servicio del catálogo de la dependencia, la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho y la reducción de seis a tres meses del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia.
Consideramos especialmente importante el avance hacia un modelo que sitúa la autonomía y la capacidad de decisión de las personas en el centro. La asistencia personal constituye una herramienta fundamental para favorecer la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Para las mujeres con discapacidad, contar con apoyos adecuados es esencial para poder tomar decisiones sobre nuestra propia vida y desarrollar nuestros proyectos personales, educativos y laborales.
En este sentido, desde CEMUDIS nos sumamos a las reivindicaciones del movimiento asociativo de la discapacidad y consideramos necesario que el desarrollo de la asistencia personal garantice una financiación suficiente y estable, apoyos personalizados y una intensidad adecuada a las necesidades de cada persona, evitando desigualdades territoriales en su acceso. Del mismo modo, la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios debe permitir que los apoyos puedan combinarse en función de las necesidades de cada persona y cuenten con cuantías e intensidades suficientes.
Otro de los avances que consideramos relevante es la reducción del plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia, que pasa de seis a tres meses. Sin embargo, el reconocimiento de este nuevo plazo debe ir acompañado de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Según los datos recogidos por COCEMFE, el tiempo medio de tramitación alcanzó los 341 días en 2025, por lo que es necesario que este avance legislativo se traduzca en una reducción real de los tiempos de espera.
Queremos destacar también la dimensión de género que incorpora la reforma en materia de cuidados. La nueva regulación reconoce por ley las cotizaciones de las cuidadoras principales, que son mayoritariamente mujeres, y garantiza la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización.
Desde CEMUDIS valoramos este reconocimiento, pero reclamamos seguir avanzando hacia un modelo de cuidados que tenga en cuenta la perspectiva de género y discapacidad. Las mujeres con discapacidad debemos estar presentes en el diseño y desarrollo de las políticas de autonomía personal y dependencia, teniendo en cuenta nuestras necesidades específicas y garantizando nuestra capacidad de decisión sobre los apoyos que recibimos.
La reforma incorpora también un mandato al Gobierno para remitir a las Cortes un proyecto de ley de reconocimiento, reparación e indemnización para las personas con discapacidad que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas o no consentidas tras haber sido incapacitadas judicialmente por razón de discapacidad.
Consideramos especialmente relevante este avance, que responde a una deuda pendiente con las mujeres con discapacidad que fueron sometidas a estas prácticas, y reclamamos que el mandato se concrete en una reparación efectiva y garantista.
La accesibilidad universal es otro de los ámbitos en los que consideramos necesario seguir avanzando. La reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho y establece medidas para facilitar las obras de accesibilidad en los edificios de viviendas. Sin embargo, la realidad muestra que las barreras siguen condicionando el derecho a una vida independiente: más de 1,8 millones de personas con movilidad reducida necesitan ayuda de otra persona para salir de su vivienda y alrededor de 100.000 no pueden hacerlo nunca por no disponer de esa ayuda. Además, una cuarta parte de las personas con discapacidad se ha visto obligada a abandonar su vivienda por problemas de accesibilidad.
Creemos que estos datos evidencian que el reconocimiento de la accesibilidad como derecho debe ir acompañado de medidas y recursos que permitan hacerla efectiva. Las actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad en los edificios de viviendas deben contar con ayudas públicas suficientes y no quedar condicionadas por la capacidad económica de las personas que las necesitan.
“El siguiente paso es convertir estos avances legislativos en mejoras reales en la vida de las personas. Además, es necesario hacerlo desde una mirada que tenga en cuenta las necesidades específicas de las niñas y mujeres con discapacidad, que siguen enfrentándose a mayores barreras para ejercer sus derechos, tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida. Es fundamental que el desarrollo tan necesario y esperado de esta ley se lleve a cabo con recursos suficientes, que garanticen una aplicación homogénea en todo el territorio y en la que se fortalezca el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con apoyos accesibles, suficientes y personalizados. Porque ninguna persona, ninguna niña y ninguna mujer deben ver limitado su proyecto de vida por no disponer de los apoyos que necesita” subraya nuestra presidenta, Marta Valencia.
En CEMUDIS consideramos urgente que, una vez completada la tramitación parlamentaria, los avances recogidos en la reforma se traduzcan en derechos efectivos para las personas, con financiación suficiente, procedimientos ágiles, apoyos adecuados y una aplicación homogénea en todo el territorio.
