En CEMUDIS valoramos el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria como un avance necesario para reforzar la protección frente a unas de las caras más extremas de la violencia de género.
Sin embargo, consideramos que la tramitación parlamentaria ofrece también una oportunidad para mejorar el texto y garantizar que responda de manera efectiva a la realidad de las mujeres con discapacidad. Para ello, reclamamos que la perspectiva de discapacidad se incorpore de forma transversal en el conjunto de la Ley, de manera que ninguna mujer o niña con discapacidad encuentre barreras para acceder a la protección, la justicia o los recursos especializados.
Las mujeres y niñas con discapacidad seguimos enfrentándonos a barreras especificas cuando vivimos violencia de género, y particularmente, violencia vicaria. A las dificultades que ya existen para denunciar o acceder a los recursos especializados se suman obstáculos relacionados con la accesibilidad, la comunicación, la dependencia de apoyos o la persistencia de estereotipos que todavía cuestionan la credibilidad, la autonomía o incluso la capacidad para ejercer la maternidad. Estas circunstancias pueden dificultar tanto la detección de la violencia como el acceso a la protección y aumentan el riesgo de exclusión en los sistemas de atención.
Cuando hablamos de la violencia que viven mujeres con discapacidad, las barreras no terminan en la violencia ejercida por el agresor. En muchos casos, la discapacidad se convierte también en un instrumento de control y dominación. La manipulación de tratamientos médicos o ayudas técnicas, el control sobre los apoyos personales o la gestión de su economía, las amenazas de institucionalización o la utilización de la discapacidad para desacreditar el testimonio de las víctimas son formas de violencia que siguen siendo poco visibles y que requieren una respuesta específica por parte de los poderes públicos.
También queremos poner el foco en las dificultades que muchas mujeres con discapacidad siguen encontrando para participar plenamente en los procedimientos judiciales o administrativos. La ausencia de información accesible, de ajustes de procedimientos o de los apoyos necesarios puede impedir que las víctimas comprendan las actuaciones, ejerzan sus derechos o participen en igualdad de condiciones. Garantizar el acceso a la justicia implicar eliminar estas barreras y asegurar que todas las mujeres puedan ser escuchadas y protegidas en igualdad.
Esta realidad se agrava en el medio rural, donde la escasez de recursos especializados, la dispersión geográfica o las dificultades de movilidad incrementan el aislamiento de las víctimas y limitan su acceso a los servicios de atención, asesoramiento y recuperación. La protección frente a la violencia no puede depender del lugar de residencia, por lo que resulta imprescindible que la futura Ley tenga en cuenta estas desigualdades territoriales.
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del Proyecto de Ley durante su tramitación parlamentaria, proponemos incorporar las siguientes medidas
- Incorporar de forma transversal la perspectiva de discapacidad en el conjunto de la Ley, garantizando que todas las medidas previstas respondan a la diversidad de situaciones que viven las mujeres y niñas con discapacidad.
- Garantizar la accesibilidad universal en todos los recursos, servicios y procedimientos relacionados con la atención, protección y recuperación de las víctimas, incorporando información en formatos accesibles, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, interpretación en lengua de signos y los apoyos personales necesarios.
- Reforzar la formación especializada de jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de la salud mental y demás, incorporando contenidos sobre discapacidad, accesibilidad, control coercitivo, trauma y derechos humanos.
- Mejorar los sistemas de valoración del riesgo, incorporando indicadores específicos cuando concurran situaciones de discapacidad para facilitar una detención más temprana y una respuesta preventiva más eficaz.
- Impulsar mecanismo de seguimiento y evaluación que permitan conocer el impacto de la futura Ley sobre las mujeres y niñas con discapacidad mediante los datos desagregados e indicadores específicos
La violencia vicaria exige una respuesta institucional que tenga en cuenta la diversidad de las víctimas y elimine las barreras que todavía dificultan el acceso a la protección y a la justicia. Desde CEMUDIS defendemos que incorporar de forma transversal la perspectiva de discapacidad en esta futura Ley, contribuirá a garantizar una protección más eficaz, accesible e igualitaria para todas las mujeres y niñas con discapacidad.
