Desde la CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, valoramos positivamente el informe presentado por la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, ante el Consejo de Derechos Humanos, centrado en la participación igualitaria en la vida política y pública.
El informe constituye una hoja de ruta clara en el marco del 20º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y recuerda que la participación política no se limita al ejercicio del derecho al voto, sino que comprende el derecho a presentarse como candidata, a ejercer cargos públicos y a liderar espacios de decisión en condiciones de igualdad real y efectiva.
A pesar del sólido marco normativo internacional y de los avances realizados en España en materia de igualdad de género y derechos de las personas con discapacidad, la presencia de mujeres con discapacidad en cargos electos y órganos de poder sigue siendo extraordinariamente baja. Esta infrarrepresentación no es casual: responde a barreras jurídicas, sociales, económicas y de accesibilidad profundamente arraigadas en la sociedad.
Como mujeres con discapacidad enfrentamos una discriminación interseccional —género y discapacidad— que se traduce en mayores obstáculos estructurales, menor acceso a redes de poder y una exposición especialmente intensa a la violencia e intimidación política. Cuando participamos en la vida pública, somos objeto con mayor frecuencia de deslegitimaciones, cuestionamientos sobre nuestra capacidad, ataques personales y situaciones de acoso, tanto en entornos presenciales como en el ámbito digital. En redes sociales, estas prácticas se traducen en insultos, amenazas o campañas de descrédito que constituyen una manifestación de la violencia de género digital. Este contexto no solo vulnera nuestros derechos, sino que actúa como un mecanismo que limita y desalienta nuestra participación en la política y en los espacios de representación.
La invisibilización estadística perpetúa la exclusión
Valoramos especialmente que el informe subraye la necesidad de contar con datos desagregados por género y discapacidad. La ausencia de estadísticas oficiales sobre candidaturas y cargos ocupados por mujeres con discapacidad impide el diseño de políticas públicas eficaces y la evaluación del cumplimiento de obligaciones internacionales.
Reclamamos que España implemente de manera urgente sistemas estadísticos con enfoque interseccional, garantizando la confidencialidad y los derechos de las personas encuestadas, como paso imprescindible para combatir nuestra invisibilidad política.
Más allá del voto: el derecho a tener representación
La participación política no puede reducirse al ejercicio del derecho al voto. Implica el derecho a presentarnos como candidatas, a ocupar cargos electos y ejercer funciones de gobierno, a liderar partidos políticos y órganos de decisión, y a influir en todas las áreas de la política pública, no únicamente en aquellas tradicionalmente asociadas a la discapacidad. Conviene recordar, además, que en España el reconocimiento pleno del derecho al sufragio para todas las personas con discapacidad es un logro reciente, fruto de años de reivindicación del movimiento asociativo de la discapacidad. Desde 2018, y gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se eliminaron las restricciones y se garantizó que todas las personas con discapacidad pudieran ejercer su derecho al sufragio activo. Desde entonces, la normativa española se ajusta a las obligaciones internacionales —especialmente al artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Un sistema político que deja fuera de los espacios de poder a las mujeres con discapacidad no puede considerarse plenamente representativo. Por ello, las organizaciones políticas deben promover activamente nuestra participación, incorporar a mujeres con discapacidad en sus estructuras y candidaturas y garantizar los medios necesarios para nuestro empoderamiento, asegurando que nuestras voces y demandas formen parte real de la toma de decisiones. Debemos subrayar que, además, las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de ser ejemplo de empoderamiento y de alzar nuestra voz: al demostrarlo dentro de sus propias estructuras, se genera un efecto positivo que se traslada a otras esferas de la sociedad. Nuestra ausencia no solo supone una injusticia, sino que empobrece el debate público y perpetúa desigualdades estructurales.
España debe pasar del reconocimiento formal a la garantía efectiva
España, como Estado Parte de la Convención desde 2008, tiene la obligación jurídica no solo de garantizar el derecho al voto, sino también de asegurar nuestro derecho a ser elegidas y a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad real y efectiva. No se trata de una cuestión simbólica, sino de cumplimiento normativo en materia de derechos humanos.
En este sentido, desde CEMUDIS consideramos imprescindible avanzar en medidas concretas que hagan efectivo el liderazgo político de las mujeres con discapacidad, para lo que proponemos:
- Que se desarrollen medidas de acción positiva que garanticen la presencia efectiva de mujeres con discapacidad en listas electorales, asegurando su ubicación en puestos con posibilidades reales de resultar electas y evitando su relegación a posiciones simbólicas o sin opción de representación.
- La creación de fondos públicos específicos para cubrir los gastos derivados de la provisión de ajustes razonables durante las campañas electorales.
- La incorporación obligatoria de la accesibilidad universal en sedes parlamentarias, instituciones públicas y estructuras partidarias.
- El establecimiento de sistemas estadísticos oficiales con datos desagregados por género y discapacidad en cargos electos.
- Garantizar el pleno ejercicio del derecho de sufragio de todas las personas, eliminando las barreras físicas, comunicativas y procedimentales que aún persisten en los procesos electorales, incluida la falta de accesibilidad en algunos locales y mesas electorales.
Estas medidas deben estar coordinadas, contar con recursos adecuados y desarrollarse en diálogo permanente con las organizaciones que representamos a las mujeres con discapacidad.
En el vigésimo aniversario de la Convención, España tiene la oportunidad y la responsabilidad de avanzar desde el reconocimiento formal de derechos hacia la garantía efectiva de nuestro liderazgo político.
Desde CEMUDIS nos ponemos a disposición de administraciones públicas, partidos políticos y actores institucionales para colaborar en el diseño, implementación y seguimiento de estas medidas, aportando nuestro conocimiento experto desde la experiencia directa de las mujeres con discapacidad.
Porque una participación política inclusiva no solo nos incluye: nos necesita liderando.
