Desde CEMUDIS, la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, expresamos nuestra profunda preocupación ante los recientes hechos que vuelven a evidenciar el sesgo de la justicia atravesada por prejuicios machistas y capacitistas que afectan de manera directa a las mujeres, especialmente agravada en el caso de las mujeres con discapacidad. Más del 65% de las mujeres con discapacidad en España ha vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y, además tienen cuatro veces más riesgo de afrontar violencia sexual, lo que confirma que no estamos ante hechos aislados, sino ante una realidad estructural que exige una respuesta institucional y judicial libre de sesgos.
En los últimos días se han producido hechos que evidencian esta realidad: por un lado, la Fiscalía ha solicitado dos años de prisión para un comunicador por realizar manifestaciones públicas denigrantes hacia una mujer con discapacidad; y, por otro, en un acto formativo del Colegio de la Abogacía de Madrid, un magistrado —titular de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid— ha realizado declaraciones en las que se reproducen estereotipos machistas, llegando a afirmar que las mujeres podemos obtener “ventajas” al denunciar y poniendo en duda nuestra credibilidad.
Estos hechos no son aislados. Constituyen manifestaciones claras de una violencia institucional que se alimenta de un sistema patriarcal que cuestiona, deslegitima y revictimiza a las mujeres. Además supone un riesgo añadido que es el de que las mujeres que viven una situación de desigualdad, violencia y/o vulneración de sus derechos desistan de hacer denuncias perpetuando así la situación de violencia en la que se encuentran.
Desde CEMUDIS alertamos que el problema no reside únicamente en la existencia de opiniones machistas o capacitistas, sino en su normalización dentro de instituciones que deberían protegernos y garantizar nuestros derechos. Los ca sos recientes muestran cómo se siguen reproduciendo prejuicios contras las mujeres, especialmente contra las mujeres con discapacidad, reforzando una justicia que deslegitima, revictimiza y dificulta el acceso y el ejercicio real a nuestros derechos.
Tal y como venimos denunciando, existe una normalización frente a la vulneración de derechos de las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia, donde los prejuicios la falta de formación, de apoyos y ajustes necesarios en la atención siguen condicionando la respuesta institucional.
Es especialmente preocupante que estos discursos se produzcan en espacios vinculados a la formación y al ejercicio del derecho, así como desde posiciones de poder dentro del sistema judicial. La reproducción de prejuicios en estos ámbitos no solo refuerza las desigualdades estructurales, sino que erosiona la confianza en las instituciones encargadas de protegernos.
Por ello, desde CEMUDIS reclamamos una justicia libre de prejuicios, con formación obligatoria, especializada y continua en género, discapacidad e interseccionalidad para todos los operadores jurídicos. Exigimos también que las instituciones competentes actúen con firmeza ante conductas y manifestaciones que vulneran la dignidad de las víctimas, porque no debe ni puede haber tolerancia frente a discursos que alimenten la revictimización, la desconfianza y la desigualdad.
La Constitución Española, tras la reforma de su artículo 49, junto con el resto del ordenamiento jurídico, r
econoce la necesidad de una protección especifica de los derechos de las personas con discapacidad. Pero esa protección debe hacerse efectiva en la práctica cotidiana de los tribunales, de los espacios formativos y de todos los órganos con capacidad de decisión. No basta con proclamar la igualdad: es imprescindible garantizarla desde una justicia accesible, sin sesgos, sin estereotipos y con perspectiva de derechos humanos.
“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.” — Martin Luther King Jr.
