La semana pasada se hizo público que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género están trabajando en la realización de una macroencuesta sobre violencia de género en mujeres con discapacidad.
Desde CEMUDIS celebramos esta iniciativa, ya que es una de las reivindicaciones de las entidades de mujeres con discapacidad. En esta línea, Marta Valencia, presidenta de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, afirma que: “es necesario continuar con los estudios que muestren la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, por lo que la realización de esta macroencuesta específica responde a las demandas que desde nuestro grupo poblacional llevamos tiempo reivindicando”.
En la anterior Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 participaron 556 mujeres con discapacidad acreditada (grado igual o superior al 33%), 9.003 mujeres sin discapacidad y 9 mujeres que no contestaron a la pregunta sobre discapacidad. Por este motivo, la realización de una macroencuesta específica es imprescindible para revertir la invisibilización de la realidad de las niñas y mujeres con discapacidad. En este sentido volvemos a hacer un llamamiento para que todas las encuestas, análisis y estudios incluyan la variable de discapacidad en su metodología y planteamiento, además de ampliar los ítems relativos y específicos que confluyen en el género y la discapacidad. De este modo, se obtendrán datos desagregados dentro de las muestras, ofreciendo una radiografía más completa sobre nuestra realidad que permita establecer acciones adecuadas para revocar la situación de vulnerabilidad.
Es necesario analizar otras variables que inciden en la situación de vulnerabilidad de las niñas y mujeres con discapacidad, como cuando una mujer tiene una discapacidad adquirida como consecuencia de vivir una situación de violencia; o una mujer víctima de violencia con hijos o hijas con discapacidad a su cargo. En este contexto cabe considerar el tipo de discapacidad y grado. Si no se desagrega cuántas mujeres adquieren una discapacidad, así como el tipo de la misma, no se podrá atajar este problema de una forma estructural y ofrecer mecanismos que incidan de manera directa y efectiva sobre ello. Un patrón que se reproduce son los casos de infradenuncia ante la falta de recursos y mecanismos de apoyo y protección para víctimas de violencia. En el caso de mujeres con discapacidad o con hijos o hijas con discapacidad a su cargo las probabilidades de atención a sus necesidades específicas son menores, lo que influye de manera directa en su decisión de denunciar.
Junto a ello, y considerando los tipos de violencia que se contemplaron en la anterior macroencuesta general (física, sexual y psicológica), estimamos que es necesario incluir otros tipos de violencia, como la violencia estructural, cultural, obstétrica ola violencia de género digital. Esta última, pese a no estar reconocida y tipificada dentro del marco jurídico estatal, tiene un gran impacto a nivel sociosanitario, político, económico y de seguridad para las mujeres y niñas con discapacidad, como están revelando las dinámicas sociales.
Las mujeres con discapacidad vivimos una discriminación interseccional y, como tal, se deben considerar otros factores condicionantes que derivan en múltiples formas de violencia. De este modo, y como sostiene Marta Valencia: “esperamos que esta macroencuesta sirva para visibilizar la situación real de las mujeres con discapacidad y, en este sentido, es ineludible abarcar no sólo la violencia ejercida por las parejas o exparejas, también la que se ejerce en el seno familiar, el entorno social o institucional”.
Según revelaron los datos de la anterior Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres con discapacidad vivimos situaciones de violencia en mayor medida, duplicando las cifras respecto a mujeres sin discapacidad en muchos casos. Por ejemplo, el 44,3 % de las mujeres con discapacidad consumieron medicamentos para afrontar la violencia física, sexual o emocional de parejas pasadas frente al 20,7 % de las mujeres sin discapacidad. Así, resulta imprescindible incluir un abanico más amplio de violencias y ámbitos. De esta forma se podrán poner en marcha las medidas y acciones específicas para dar una respuesta institucional y social a las necesidades y demandas de las mujeres y niñas con discapacidad.
Para ello, y como desde el Ministerio de Igualdad han señalado la “elevada dificultad metodológica, debido a la complejidad técnica que supone obtener una muestra representativa desde un punto de vista estadístico”, desde CEMUDIS nos ponemos a disposición de los actores clave en este proceso, respondiendo a nuestra misión de representar institucionalmente a todas las mujeres con discapacidad en España y al objetivo de alcanzar la plena participación de todas ellas en la sociedad.
