Como cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para reivindicar nuestros derechos, denunciar las desigualdades que persisten y reclamar una igualdad real y efectiva para todas. Una igualdad que no deje atrás a nadie y que solo puede construirse desde una mirada feminista, inclusiva y basada en los derechos humanos, que sitúe en el centro a las mujeres y niñas con discapacidad.
Este 2026 se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, un tratado internacional que supuso un cambio de paradigma histórico: el paso de un enfoque asistencial y médico a un enfoque social y de derechos humanos. Por primera vez, las personas con discapacidad fuimos reconocidas como personas plenas de derechos, y no como objetos de protección o caridad.
Para las mujeres con discapacidad, la Convención significa mucho más que un nuevo reconocimiento legal. El artículo 6 reconoce explícitamente que estamos expuestas a múltiples formas de discriminación y establece la obligación de los Estados de adoptar medidas específicas para garantizar el ejercicio pleno y efectivo de nuestros derechos. Por fin, el derecho internacional evidenciaba una realidad que durante décadas había permanecido invisible, reconociendo las barreras específicas a las que se enfrentan las niñas y mujeres con discapacidad.
Antes de la Convención, las mujeres y niñas con discapacidad no formábamos parte de la agenda política. En las políticas y debates sobre discapacidad, nuestras demandas como mujeres quedaban relegadas; y en los movimientos feministas, la realidad de la discapacidad apenas se tenía en cuenta. Esta doble invisibilidad tuvo consecuencias directas en nuestras vidas: menor acceso a la educación y al empleo, menos autonomía y participación social y política, mayores vulneraciones de nuestros derechos sexuales y reproductivos y una exposición más elevada a todas las formas de violencia. La Convención contribuyó a visibilizar esta situación y a reconocer nuestros derechos, pero veinte años después siguen pendientes muchos de los compromisos asumidos. Para que nuestros derechos sean efectivos, no basta con que estén recogidos en un texto ratificado: deben cumplirse plenamente.
La Convención supuso un cambio de paradigma necesario al afirmar que la desigualdad no está en nosotras, sino en las barreras sociales, culturales, económicas y políticas que impiden el ejercicio real de nuestros derechos. A pesar de este avance de declaración de derechos, dos décadas después, la brecha entre los derechos reconocidos y el ejercicio real de los mismos para una participación plena en la sociedad de muchas mujeres y niñas con discapacidad sigue siendo alarmante.
Hoy seguimos afrontando dificultades para acceder a una educación verdaderamente inclusiva, pese al reconocimiento del derecho a un sistema educativo inclusivo, de calidad y gratuito a todos los niveles para las personas con discapacidad, reconocido en el artículo 24 de la Convención. Según el Informe Olivenza 2023, solo el 59,8% de las niñas con discapacidad continúa estudiando después de la educación secundaria obligatoria, lo que supone una vulneración directa de ese derecho y limita desde la base nuestras oportunidades de participación social y laboral.
Los datos sobre empleo muestran cómo se incumple el derecho a trabajar en igualdad de condiciones y sin discriminación que recoge la Convención (art. 27). Seguimos enfrentando tasas de desempleo y pobreza altas: el 22,4% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de desempleo y el 65,4% permanece inactiva, y nuestros ingresos son un 13,3% inferiores a los de las mujeres sin discapacidad. A esto se le suma que el 27,3% de las mujeres con discapacidad nunca ha trabajado, frente al 8,6% de los hombres con discapacidad, tal y como recoge el informe “Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad” (2024) de Fundación Cermi Mujeres, evidenciando una discriminación estructural por razón de género y discapacidad que contradice de forma frontal las obligaciones de los Estados en materia de trabajo y empleo (art.27) y de igualdad y no discriminación (art.5)
En este contexto, la aprobación de avances normativos y políticos en los últimos años, como la reforma del artículo 49 de la Constitución Española en 2024, por un lado, y por otro, el reciente Plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, suponen un avance importante, pero claramente insuficiente para garantizar una igualdad real y efectiva. La existencia de normas y planes no garantiza, por sí sola, el ejercicio real de los derechos. Es imprescindible garantizar recursos económicos dirigidos a llevar a cabo estas normas además de fomentar la participación directa de las propias mujeres con discapacidad, los derechos siguen siendo papel mojado.
La situación actual de falta de inversión y apoyo a políticas dirigidas a las personas con discapacidad y especialmente a niñas y mujeres con discapacidad se reduce a pesar de que es imprescindible seguir reforzando su trabajo sobre todo en un contexto en el que nos encontramos con mensajes capacitistas, en contra de los movimientos feministas que si no conseguimos abordar suponen una vulneración de derechos humanos que afecta en mayor medida a las niñas y mujeres con discapacidad. La reducción de recursos y apoyos específicos limita su autonomía, incrementa la exclusión y nos expone a mayores situaciones de vulnerabilidad, obviando además nuestras necesidades desde una perspectiva de género y discapacidad. Retroceso que contradice los compromisos asumidos por el Estado español al adherirse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual obliga a garantizar la igualdad, la no discriminación y el pleno ejercicio de derechos en condiciones de accesibilidad y apoyos adecuado. Los recortes impactan directamente en las entidades sociales que sostenemos esta labor, muchas de ellas dependientes de una financiación pública inestable y a corto plazo, empujándolas a la precariedad o a su desaparición. Cuando una entidad desaparece, no solo se pierde un servicio, sino también el conocimiento, la experiencia y las redes de apoyo construidas durante años, debilitando de forma estructural la garantía efectiva de derechos que la Convención y nuestra propia Constitución exigen como permanentes.
No pedimos privilegios. Exigimos el cumplimiento efectivo de nuestros derechos, reconocidos en tratados internacionales de obligado cumplimiento, como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha ratificado. La Convención no es una declaración simbólica: es una obligación jurídica.
Por todo ello, desde CEMUDIS junto a nuestras entidades confederadas, este 8 de marzo reivindicamos:
- El cumplimiento efectivo, integral y sin excepciones de los derechos reconocidos en la Convención para las mujeres y niñas con discapacidad, con mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que permita medir los avances y señalar los incumplimientos.
- El acceso universal, accesible, libre de prejuicios capacitistas y de género a la justicia, a la protección a la violencia y a los servicios de atención, incorporando ajustes de procedimiento y apoyos adecuados en todos los ámbitos.
- La aprobación urgente y la aplicación efectiva de una ley estatal de reconocimiento, reparación e indemnización para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencias forzadas o no consentidas, garantizando su derecho a la verdad, la justicia y una reparación integral, en consonancia con los establecido en los artículos 6, 16, 17, 23 y 25 de la Convención.
- La participación real, efectiva y vinculante de las mujeres con discapacidad en todas las decisiones públicas que nos afectan, garantizando nuestra presencia en los espacios de poder y de toma de decisiones en igualdad de condiciones.
- Políticas públicas feministas que integren de manera transversal la perspectiva de género y discapacidad, desde un enfoque interseccional, en todas las áreas: educación, empleo, salud, justicia, vivienda y protección social.
- El reconocimiento pleno de nuestra capacidad jurídica, asegurando sistemas de apoyos basados en la voluntad y preferencias de las mujeres con discapacidad y erradicando cualquier forma de sustitución en la toma de decisiones.
- La desinstitucionalización urgente de mujeres y niñas con discapacidad, mediante alternativas comunitarias accesibles, con apoyos suficientes y personalizados, que garanticen el derecho a decidir dónde, cómo y con quién vivir.
- La dotación de financiación estable, suficiente y sostenida en el tiempo por parte de las administraciones en todos sus niveles (estatal, autonómico y local), para las entidades de mujeres con discapacidad y sus organizaciones representativas, garantizando recursos específicos para impulsar la implementación efectiva de la Convención y del Plan de Acción de derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en todo el territorio.
- La creación y consolidación de mecanismos de seguimiento, evaluación y participación que cuenten de forma real con las mujeres y niñas con discapacidad y sus organizaciones, así como la recopilación de discapacidad que permitan identificar y corregir las brechas en el cumplimiento de la Convención.
Veinte años después de la Convención, nuestro mensaje es claro y firme.
Nuestros derechos no pueden esperar otros veinte años.
Este 8 de marzo, en las calles, en las redes y en todos los espacios donde se juegan nuestros derechos, las mujeres con discapacidad decimos alto y claro: sin nosotras no hay feminismo, sin derechos no hay igualdad.
